¿Quién teme la huelga de alquileres?

Laia Forné / Jaime Palomera

Hace unos días, mientras nos confinábamos para salvar vidas, se presentó públicamente una especie de patronal de los rentistas. Una asociación impulsada por los grandes fondos e inmobiliarias pero que dice representar a los pequeños propietarios de viviendas en alquiler. ¿A qué responde este movimiento, en plena pandemia?En Barcelona más de un tercio del mercado del alquiler está en manos de bancos, sociedades y administraciones. Buena parte de los poderes financieros e inmobiliarios están inquietos. Con la economía en barrena, el precio de la vivienda caerá. Algunos fondos ya se preparan: Blackstone ha captado 9.800 millones de euros para adquirir propiedades depreciadas y especular con ellas cuando pase la tormenta. Pero la mayoría de players ven que sus beneficios empiezan a estancarse. De ahí que quienes ayer chillaban contra el “intervencionismo”, hoy pidan colaboraciones “público-privadas”. Y de ahí que presionen como nunca para que el Gobierno mantenga los alquileres artificialmente altos, oponiéndose a la condonación. En eso consiste la fórmula de los microcréditos de la ministra Calviño: priorizar el cobro de los alquileres a precios irreales, a costa del sacrificio y el endeudamiento de unas familias cuyos ingresos se están desplomando. Y si ellas no llegan, que lo haga el Estado con el dinero de todos.

Lo más llamativo es, sin embargo, el relato para justificar este rescate del rentismo, abonado tanto por los lobbies como por el Gobierno: “Muchos arrendadores son familias que tampoco llegarán a fin de mes si no cobran el alquiler”. He ahí el discurso al que ha recurrido el ministro Ábalos (máximo responsable en materia de vivienda) para oponerse a la suspensión del pago del alquiler. El problema es que se trata de un tópico ideológico fácil de desmontar. Un mito que esconde las enormes desigualdades en las que se basa el modelo inmobiliario español, y que ya están empezando a estallar bajo la forma de una huelga de alquileres.

 El mercado del alquiler no está en manos de pensionistas

Vayamos por partes. El Gobierno asegura que el 85% de los arrendadores son particulares que se pondrían en situación de vulnerabilidad si no cobran el alquiler. Gran irresponsabilidad, porque no hay ningún dato que lo respalde. En Barcelona, la única ciudad del Estado donde sí hay cifras algo fiables, la radiografía apunta en otra dirección. Para empezar, más de un tercio del mercado del alquiler está en manos de bancos, sociedades y administraciones. Y sí, el resto de arrendadores son “particulares”. Pero, ¿quiere decir esto que se trata de pensionistas que apenas llegan a fin de mes? Para nada. Los datos disponibles muestran que muchos son multipropietarios o grandes tenedores. De hecho, al menos un 39,5% de los que tienen más de 10 viviendas son particulares (se estima que la cifra real es mayor). Y algunos estudios apuntan a que casi la mitad de familias inquilinas viven en una casa cuyo propietario tiene cinco pisos o más.

A escala estatal desconocemos cómo está repartida la propiedad, pero sí sabemos que la inmensa mayoría de hogares que cobran alquileres de algún tipo no quebrarían si dejan de ingresarlos. Al contrario, sobrevivirían perfectamente sin ellos. Tal y como han señalado los investigadores del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas Carlos Delclós y Lorenzo Vidal, los ingresos medios de las familias que arriendan una vivienda o un local se sitúan en los 37.807 euros anuales, sin contabilizar esas rentas. Si se le añade lo que cobran del alquiler, la cifra asciende a 41.675. Más o menos el doble de los de los hogares inquilinos (entre 23.160 y 19.061 bastante por debajo de la media española).

Suspender los alquileres para priorizar los cuidados

Sin duda, la crisis también pondrá en apuros a familias para quienes las rentas del alquiler son un complemento vital. Y hay personas que no pueden pagarse la residencia o llegar a fin de mes si no cobran el alquiler. Pero su peso demográfico es infinitamente menor que el de los hogares inquilinos en situación de vulnerabilidad. En otras palabras, la suspensión de los alquileres no es solo una medida socialmente justa, sino también más racional y sostenible desde una perspectiva económica.

Ojo: los hogares para los que el arriendo es su principal medio de subsistencia y dejen de cobrarlo como resultado de la condonación, deberían poder acogerse a una renta básica universal, como el resto de la población. Porque esto va de cuidados. Pero lo que no tiene sentido es pretender que miles de familias confinadas y golpeadas por la pandemia sigan pagando alquileres a precio de oro y manteniendo con su sacrificio a todos los arrendadores (desde el fondo buitre Azora hasta Espinosa de los Monteros, a quienes no se exige ningún esfuerzo). No solo por injusto e inmoral, sino porque lastraría la salida: la deuda familiar que hoy se contrae para sostener los beneficios de la economía rentista es dinero que mañana no se destinará a la economía productiva y reproductiva. La que sostiene la vida. 

La situación ya era insostenible

En España quien vive de rentas paga menos impuestos que quien trabaja. El paradigma de esta injusticia son las Socimis, sociedades que permiten a los fondos buitre gozar de más privilegios fiscales que nadie

Cabe recordar, a la hora de distribuir el peso de la crisis, que la relación del Estado con el sistema de vivienda ya era muy poco equitativa antes de la pandemia. Empezando por la fiscalidad. Mientras que los arrendadores están exentos de tributar por buena parte de lo que cobran, los inquilinos no pueden deducirse nada respecto a lo que pagan. Esto da pie a situaciones disparatadas. Imaginemos a dos hermanas. La mayor hereda una segunda propiedad, que pone en alquiler, y por ella ingresa 1.500 euros. La menor no hereda: alterna trabajos de cajera y de camarera que le permiten juntar 1.200 euros cada mes. La sorpresa llega a la hora de pagar el IRPF. La hermana mayor puede deducirse hasta el 60% de los rendimientos del alquiler, que obtuvo sin mover un dedo. En cambio, la que se ha partido el lomo tiene que pagar el 100% a Hacienda. En otras palabras, en España quien vive de rentas paga menos impuestos que quien trabaja. El paradigma de esta injusticia son las Socimis, sociedades que permiten a los fondos buitre gozar de más privilegios fiscales que nadie.

Por otro lado, tampoco debe olvidarse que llevamos más de un lustro en el que la riqueza de quienes tienen viviendas en alquiler ha aumentado como nunca. Gracias, básicamente, a la intervención del gobierno y a que miles de personas les han pagado de forma religiosa, aunque esto las empobreciese de forma inversamente proporcional. Porque los inquilinos, que generalmente no tienen ni propiedades ni el derecho a la vivienda garantizado, forman parte de esa sociedad que ya estaba en crisis antes del coronavirus. Con el alquiler comiéndose más sueldo que en cualquier otro país de la OCDE. Con los desahucios y las expulsiones al orden del día. Con ocho de cada 10 jóvenes incapaces de emanciparse. Con cada vez más gente durmiendo en la calle. Y el problema central no era la falta de oferta, sino la especulación: la crisis está demostrando que muchas viviendas habían sido desviadas al mercado turístico, y ahora están volviendo al residencial.

No tiene sentido, como pretende el Gobierno, comparar la supuesta vulnerabilidad de quienes cobran alquileres con la de quienes los pagan. Pero tampoco se trata de caricaturizar al arrendador humilde y razonable como un privilegiado. No, lo que está en juego es si queremos superar esta crisis con un sistema de bienestar en el que paguen más quienes más tienen, y no al revés. Que trate a cada cual según sus necesidades y que revierta la desigualdades en lugar de agudizarlas. 

La huelga: una responsabilidad colectiva

Sea como sea, la lucha por la supervivencia se abre paso y los fundamentos de la economía inmobiliaria van resquebrajándose. En Estados Unidos, un tercio de los inquilinos no han pagado este mes. Y en Inglaterra han transferido menos de la mitad del alquiler en términos globales. Aquí no disponemos de estos datos, pero sí de señales que apuntan en la misma dirección: en una semana, miles de correos han desbordado a los sindicatos de inquilinas y de vivienda. Autónomos y familias trabajadoras que no pueden pagar el alquiler de la casa y de la oficina, pero tampoco quieren microcréditos.

La cadena de impagos es inevitable. Lo que hay que decidir es la forma. Civilizadamente, con una condonación que permita a afectados pagar según sus posibilidades, o con caos, angustia y conflicto

En otras palabras, la cadena de impagos es inevitable. Lo que hay que decidir es de qué forma se produce. Si civilizadamente, con una condonación que permita a todas las personas afectadas pagar según sus posibilidades. O, por el contrario, con caos, angustia… y conflicto. Porque cuando Moncloa plantea que las víctimas de la pandemia sigan pagando el alquiler a costa de sacrificarse y endeudarse, traslada a la sociedad la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y de defender lo que es justo. Y ahí la huelga se convierte en la única respuesta colectiva posible: para que nadie se vea en la situación de elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a los hijos, para que ninguna familia tenga que dar sus ahorros o el dinero del paro a quien no lo necesita, para que ningún hogar se quede sin los ingresos mínimos para una vida digna. El fenómeno es global. En ciudades de EE.UU. como Los Ángeles o Nueva York y en otros territorios, como Canadá o Reino Unido, también han convocado la huelga de alquileres.

Al fin y al cabo, el coronavirus nos interroga sobre la importancia que damos a la vivienda en un momento de máxima emergencia, como ya viene sucediendo con la sanidad: derecho fundamental innegociable o fuente de beneficios privados y de desigualdad. Vuelve la pregunta que ya se hizo el 15M en la anterior crisis. ¿Queremos una sociedad que se organiza al dictado de las finanzas y de la economía especulativa, o una que prioriza la salud colectiva, en un sentido amplio?